Se va acabando el puento y comienza a clarearse el panorama. Las intenciones del Gobierno, por si antes y durante el conflicto de controladores no estaban claros, a los más incrédulos puede que les empiece cambiar su percepción de qué es lo que ha pasado o de hecho está ocurriendo.
El anuncio del (potencial) despido de unos 200 controladores por la bravuconada podría hacer parecer que se está anteponiendo la vedetta a la seguridad. Yo personalmente creo que encaja a la perfección en el populismo desplegado por el Gobierno en todo este guirigay, pero por encima de ello, lo que se antoja es nuevamente un camino recto a la realización de recortes en la costosa seguridad aérea.
«De aquí a 2012, Senasa ha ofertado 300 plazas para controladores (48 ya han empezado los cursos). Con ello, habría hasta 472 controladores nuevos y a menor coste, más que los expedientados. A esto se une que se privatizará la gestión de las torres y nuevas empresas, entre ellas la pública Ineco, contratarán a controladores pero previsiblemente con un sueldo mucho menor.» (La negrita está en el original).
El discurso del sueldo y la rentabilidad es lo que ha hecho ir a la brava masa contra los controladores espoleados por la opinión pública (con esto me refiero a los medios) pidiendo justicia divina, es decir, duras represalias. Aparte de que esta estrategia no es muy nueva en la historia que digamos (no daré ejemplos para que no venga el listo (‘anónimo’) de turno a acusarme de manipulador), el odio hacia un colectivo porque representa el estatus que muchos anhelan o simplemente porque enfurece al que no lo posee, como digo, no es nuevo. Y cuando ruge la marabunta, pues ya se sabe, pide sangre. Normalmente, nadie mejor que el que demuestra autoridad (AUTORITARISMO) se hace garante de la confianza de los encolerizados. Sacar los milicos a pasear puede ser una buena prueba de mano dura, pero para que no quede en una anécdota, se puede, como vemos, recortar los deseados gastos en un momento de quiebra estatal echando a quienes han osado desafiar al poder del todopoderoso Estado, literalmente a la calle. Lo dejó muy claro estos días un ministro de netas tendencias autoritarias (no hará falta recordar su gestión durante el felipismo): «quien echa un pulso al Estado, pierde».
Pero el autoritarismo no se ha quedado ahí, y nos lo recordó el presidente de la cámara baja, José Bono, en su discurso de exaltación de la Constitución, con un tono que podríamos decir ‘duro’: «
Ha quedado claro que odiamos a los «privilegiados». Pero, ¿es esto tan claro? El Gobierno quitó el impuesto sobre el patrimonio, lo cual agravaba las rentas más altas y a las clases más privilegiadas del país. Es curioso porque esto no generó ninguna controversia salvo en estrechos márgenes por la izquierda, incluso en círculos del PSOE. Llámenme oportunista pero, qué pasa con notarios, tasadores o mismamente políticos como cualquier senador o diputado —que cobrarán un salario vitalicio tras calentar su escaño una legislatura—. Ni que decir de ciertos empresarios o banqueros. No pongo en duda la decencia y profesionalidad de cualquiera que pertenezca a dichos colectivos, simplemente remarco que existen otros enormemente «privilegiados», tanto o más que cualquier controlador aéreo.
Que nadie se lleve a engaño, yo me confieso: odio ferviente y vehementemente a todos y cada uno de los que puedan ser tachados de privilegiados. Huelga decir que esto tiene matices, pero sucede que lo que gane cada uno es absolutamente indiferente, NO APORTA NADA a la discusión que se está tratando. Como tampoco lo hacen los miles de testimonios, entregados por capítulos, del «perdí mis vacaciones». Lo lamento enormemente por los damnificados, pero a mi como ciudadano me afecta poco o nada sus particulares males, y reitero sinceramente que lo siento por todos y cada uno de ellos.
Por el contrario, lo que me importa como CIUDADANO es que el Gobierno haya sacado otro ‘Decretazo’ como el que propició la pasada huelga general, que se haya saltado el Art. 37 que da fuerza vinculante a los convenios colectivos, que se haya privatizado el 49% de AENA y de LAE para pagar un agujero económico que tiene el Estado por una mala gestión y por haber dado sumas inverosímiles a la Banca (incluyo la reciente Ley de Cajas) para cubrir unos escándalos financieros con los que se han enriquecido increíblemente y que ahora hemos de pagar todos. Un nuevo capítulo del «privaticemos los beneficios y socialicemos las pérdidas». Que todo esto se haya hecho buscando un chivo expiatorio me parece una obviedad, pero me resulta inquietante, por peligroso, el precedente de la declaración del Estado de Alarma para hacer uso de las Fuerzas Armadas para suplir a la sociedad civil en un conflicto civil. Veremos qué ocurrirá en la próxima (cuando quiera que ésta sea) huelga general.
Que la responsabilidad sea compartida —como ya expresé por aquí— entre Gobierno y controladores, por aquello de la ‘acción-reacción’, es algo indiferente. Las vacaciones perdidas no serán recuperadas y cada una de esas historias resultan anécdotas masivas que no tienen ninguna relevancia para nadie más que para quien las ha sufrido. Lo que tiene relevancia para el llamado y tan apelado en la Carta Magna «interés general», es la venta del patrimonio público y la represión que está suponiendo el desenlace del conflicto. Me crea aprehensión y escalofríos el solo hecho de ver las masas indignadas y cabreadas (no les he quitado razón para ello) bramando por el uso de la fuerza, la represión, los despidos colectivos y el fin de los «privilegios».
Tomado asépticamente, lo que ha sido aplaudido es: a) el uso del Ejército; b) la represión sobre un conjunto de trabajadores; y c) la privatización de una empresa. El paso del tiempo imagino que será la lectura que nos deje. Lo he dejado escrito por ahí. En realidad, para hablar de este conflicto, no es ni tan siquiera necesario hablar de controladores.
Habrá que reconocer en algún momento, que esta sociedad tiene más de consumidor que de ciudadano, y nos jode (ilimitadamente) más que nos toquen nuestra potestad de consumidores que nuestros derechos de ciudadanía. Incluso llegamos a confundirlos y solaparlos. Da que pensar que no se hayan enarbolado argumentos muy distintos a los usados contra nosotros en la pasada huelga general o con los trabajadores de Metro Madrid.
Quizás sea pronto para decirlo, pero este ha sido otro lamentable episodio en el ya largo recorrido de la subrogación de la democracia por el mercado.
El anuncio del (potencial) despido de unos 200 controladores por la bravuconada podría hacer parecer que se está anteponiendo la vedetta a la seguridad. Yo personalmente creo que encaja a la perfección en el populismo desplegado por el Gobierno en todo este guirigay, pero por encima de ello, lo que se antoja es nuevamente un camino recto a la realización de recortes en la costosa seguridad aérea.
«De aquí a 2012, Senasa ha ofertado 300 plazas para controladores (48 ya han empezado los cursos). Con ello, habría hasta 472 controladores nuevos y a menor coste, más que los expedientados. A esto se une que se privatizará la gestión de las torres y nuevas empresas, entre ellas la pública Ineco, contratarán a controladores pero previsiblemente con un sueldo mucho menor.» (La negrita está en el original).
El discurso del sueldo y la rentabilidad es lo que ha hecho ir a la brava masa contra los controladores espoleados por la opinión pública (con esto me refiero a los medios) pidiendo justicia divina, es decir, duras represalias. Aparte de que esta estrategia no es muy nueva en la historia que digamos (no daré ejemplos para que no venga el listo (‘anónimo’) de turno a acusarme de manipulador), el odio hacia un colectivo porque representa el estatus que muchos anhelan o simplemente porque enfurece al que no lo posee, como digo, no es nuevo. Y cuando ruge la marabunta, pues ya se sabe, pide sangre. Normalmente, nadie mejor que el que demuestra autoridad (AUTORITARISMO) se hace garante de la confianza de los encolerizados. Sacar los milicos a pasear puede ser una buena prueba de mano dura, pero para que no quede en una anécdota, se puede, como vemos, recortar los deseados gastos en un momento de quiebra estatal echando a quienes han osado desafiar al poder del todopoderoso Estado, literalmente a la calle. Lo dejó muy claro estos días un ministro de netas tendencias autoritarias (no hará falta recordar su gestión durante el felipismo): «quien echa un pulso al Estado, pierde».
Pero el autoritarismo no se ha quedado ahí, y nos lo recordó el presidente de la cámara baja, José Bono, en su discurso de exaltación de la Constitución, con un tono que podríamos decir ‘duro’: «
Ha quedado claro que odiamos a los «privilegiados». Pero, ¿es esto tan claro? El Gobierno quitó el impuesto sobre el patrimonio, lo cual agravaba las rentas más altas y a las clases más privilegiadas del país. Es curioso porque esto no generó ninguna controversia salvo en estrechos márgenes por la izquierda, incluso en círculos del PSOE. Llámenme oportunista pero, qué pasa con notarios, tasadores o mismamente políticos como cualquier senador o diputado —que cobrarán un salario vitalicio tras calentar su escaño una legislatura—. Ni que decir de ciertos empresarios o banqueros. No pongo en duda la decencia y profesionalidad de cualquiera que pertenezca a dichos colectivos, simplemente remarco que existen otros enormemente «privilegiados», tanto o más que cualquier controlador aéreo.
Que nadie se lleve a engaño, yo me confieso: odio ferviente y vehementemente a todos y cada uno de los que puedan ser tachados de privilegiados. Huelga decir que esto tiene matices, pero sucede que lo que gane cada uno es absolutamente indiferente, NO APORTA NADA a la discusión que se está tratando. Como tampoco lo hacen los miles de testimonios, entregados por capítulos, del «perdí mis vacaciones». Lo lamento enormemente por los damnificados, pero a mi como ciudadano me afecta poco o nada sus particulares males, y reitero sinceramente que lo siento por todos y cada uno de ellos.
Por el contrario, lo que me importa como CIUDADANO es que el Gobierno haya sacado otro ‘Decretazo’ como el que propició la pasada huelga general, que se haya saltado el Art. 37 que da fuerza vinculante a los convenios colectivos, que se haya privatizado el 49% de AENA y de LAE para pagar un agujero económico que tiene el Estado por una mala gestión y por haber dado sumas inverosímiles a la Banca (incluyo la reciente Ley de Cajas) para cubrir unos escándalos financieros con los que se han enriquecido increíblemente y que ahora hemos de pagar todos. Un nuevo capítulo del «privaticemos los beneficios y socialicemos las pérdidas». Que todo esto se haya hecho buscando un chivo expiatorio me parece una obviedad, pero me resulta inquietante, por peligroso, el precedente de la declaración del Estado de Alarma para hacer uso de las Fuerzas Armadas para suplir a la sociedad civil en un conflicto civil. Veremos qué ocurrirá en la próxima (cuando quiera que ésta sea) huelga general.
Que la responsabilidad sea compartida —como ya expresé por aquí— entre Gobierno y controladores, por aquello de la ‘acción-reacción’, es algo indiferente. Las vacaciones perdidas no serán recuperadas y cada una de esas historias resultan anécdotas masivas que no tienen ninguna relevancia para nadie más que para quien las ha sufrido. Lo que tiene relevancia para el llamado y tan apelado en la Carta Magna «interés general», es la venta del patrimonio público y la represión que está suponiendo el desenlace del conflicto. Me crea aprehensión y escalofríos el solo hecho de ver las masas indignadas y cabreadas (no les he quitado razón para ello) bramando por el uso de la fuerza, la represión, los despidos colectivos y el fin de los «privilegios».
Tomado asépticamente, lo que ha sido aplaudido es: a) el uso del Ejército; b) la represión sobre un conjunto de trabajadores; y c) la privatización de una empresa. El paso del tiempo imagino que será la lectura que nos deje. Lo he dejado escrito por ahí. En realidad, para hablar de este conflicto, no es ni tan siquiera necesario hablar de controladores.
Habrá que reconocer en algún momento, que esta sociedad tiene más de consumidor que de ciudadano, y nos jode (ilimitadamente) más que nos toquen nuestra potestad de consumidores que nuestros derechos de ciudadanía. Incluso llegamos a confundirlos y solaparlos. Da que pensar que no se hayan enarbolado argumentos muy distintos a los usados contra nosotros en la pasada huelga general o con los trabajadores de Metro Madrid.
Quizás sea pronto para decirlo, pero este ha sido otro lamentable episodio en el ya largo recorrido de la subrogación de la democracia por el mercado.
3 comentarios:
Es màs que sabido,pero no por eso conocido, que cuando los gobiernos quieren privatizar una empresa pública lo que hace,en corto,mediano y largo plazo es dejarla "caer". Si depende de partidas presupuestales, se las rebaja o se las quita. Si depende de equis personal, fomenta su jubilación o directamente no cubre vacantes. La vuelve "deficitaria" a la vez que empieza una campaña de descredito mediático, comparandola con otras del entorno que "hacen lo mismo" y cuesta menos. Sí eso no funciona, se esgrime la crisis, despúes de todo para eso la crearon,no?. Como estando en crisis vamos a permitirnos semejante gasto y con lo que nos quede de la venta hacemos esto y lo otro. Mentira. Previo a la venta se les deja el camino limpio a los futuros compradores. Lo primero, dejarles una plantilla "saneada" en cantidad y en costo. Lo segundo construir,dado el caso, las infraestructuras deficientes= que no existían y/o no necesitaban ninguna clase de inversión. Luego vienen los señores nuevos dueños y con todo eso arregladito y que promete, por que lo que compraron ya era buen negocio y se piden un bonito crédito internacional para mejoras,infraestructuras y demás=hipotecan lo que compraron. Con buena suerte se quedarán y con mala suerte,eso pasó acá, tomaràn sus dineros fresquitos y a volar a otro sitio en el corto plazo. Seguramente en el caso de AENA será distinto, pero con el mismo "espíritu" sin duda alguna.Los privados miran por sus interéses y no en el servicio a la población como el Estado, por eso deben seguir en manos del Estado,para garantizarle a la población los mismos.Un beso
Hola nuevamente, es un gusto. Es difícil que pudiese estar más de acuerdo, a AENA se le ha imputado un déficit de 15 mil millones de euros que, lejos de ser pérdidas para la empresa, han sido gastos en infraestructuras diversas de dudosa necesidad (ampliaciones de pequeños y deficitarios aeropuertos, que ahora toda provincia en España parece que tiene que tener el suyo propio), pero sobre todo con la T4 de Barajas y la T1 de El Prat.
Ahora vienen a privatizar parte de la empresa y esas infraestructuras que hemos pagado todos, a rentabilizarlas en virtud del beneficio que le puedan extraer los empresarios de turno.
De vergüenza. Un beso.
Somos siempre consumidores, y eso no debería ser considerado algo grave.
Lo grave es algo totalmente distinto: la estructura ideológica que nos tocó vivir. Básicamente, es la idea en que la lucha de clases debe estar estructurada bajo ciertos parámetros. Para la sociedad, se nos debe alienar de esa lucha, pensar que una huelga "no debería afectar a nosotros (los ciudadanos)".
Pensar que nosotros no somos parte de eso, considerar que existe una opción de "escapar" de una crisis sistémica que está por doquier, es algo típico del sistema liberal democrático que domina el planeta. No nos damos cuenta que la este mundo "carente de ideología" es una ideología de por sí.
Existió un fenómeno sociológico interesante. A mi modo de ver, la reacción fue extremadamente exagerada en España. La ira popular se desató contra los controladores, y no contra el gobierno represor de la huelga. ¿Por qué? Simple: los controladores les recordaron, por primera vez desde 1978, que lo que viven es una patética fantasía. Sus cómodas vidas están por acabar, y pronto se verán en la dura situación de hacer lo peor en este mundo posmodernista: elegir. Elegir un lado u otro, una ideología u otra.
Pero el ejército salvó esa situación. Como es también típico de este mundo posmodernista, uno no debe pensar, uno sólo debe actuar. Por eso, aplaudieron al gobierno. Salvó la ilusión ideológica que nos droga como sociedad. Ahora, los varados podrán continuar con sus vidas "individuales" y "desconectadas de las luchas sociales/políticas", y mantenerse como los mejores agentes de una ideología victoriosa y omnipresente, como el liberalismo democrático.
En efecto, eso me dio un aire de extremo pesimismo.
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