Por el cambio de la ley electoral

Como vimos en las pasadas elecciones —y en todas las anteriores—, la situación exige un cambio de ley electoral. El injusto reparto por circunscripciones violenta en todo sentido y medida el principio mismo de justicia y equidad que todo sistema democrático debe tener. Esto es un deber que atañe al conjunto de la ciudadanía, sea votante de lo que sea o simplemente sea votante o no.

Los resultados y el reparto de escaños hablan por sí solos. Por supuesto, por mero interés político, a un votante nacionalista de, por ejemplo CIU, no interesaría ni tan siquiera mínimamente el cambio de la actual ley. Por ende, por el beneficio y oportunismo electoralista, no sería deseable para las agrupaciones políticas de este tipo tal cambio. Pero en una decisión de tal trascendencia no debiera medirse, merced a la ética política —si es que quedan resquicios de ella—, según el burdo interés. Lo que se está manifestando al momento de firmar y apoyar el presente comunicado, es el apoyo a las reivindicaciones por la igualdad democrática. Ciento veinte mil votos no pueden tener el mismo valor que casi un millón.

Se ha forzado desde los medios a la ciudadanía en su conjunto a interiorizar que la ley es la más justa de las posibles dadas las condiciones objetivas de la realidad española. Suele, sin embargo, dudar la gente del grado de representatividad del parlamento, de si ésta es fiel a las realidades políticas del Estado. Suele también quejarse la gente de las políticas que se acometen, no siempre —o casi nunca— acordes con las necesidades sociales del conjunto de la ciudadanía. Suele quejarse la gente de los pactos con partidos nacionalistas que rompen el equilibrio igualitario del principio, también básico, del reparto de la riqueza en el conjunto de las distintas nacionalidades —o entidades regionales si se prefiere— que conforman el Estado.

Yo soy de los que piensa que debería existir una cámara de representación autonómica —o federal llegado el caso— en la que todas las comunidades estén representadas por igual y de la forma más equitativa posible. No entiendo que por el hecho de haber algunas entidades nacionales periféricas desarrollado un mayor grado bien de autonomía bien de nacionalismo o los dos a la vez, posean la capacidad de decidir el equilibrio —siempre egoísta y siempre a su favor— del reparto de la riqueza.

Muchos argüirán que también las aportaciones a las arcas del Estado son igualmente desiguales, y no digo que no; esto es objetivamente cierto. Lo que no creo igualmente que deba prestarse a subjetivismos es el principio de reparto equitativo según las necesidades y realidades de cada provincia. Por desarrollo histórico desigual, Cataluña, Euskadi y Madrid, por citar algunos casos, son regiones ricas que aportan una mayor cantidad en concepto de impuestos al Estado. Otras regiones no han tenido la suerte, o como en el caso de Asturias la desgracia, de tener un desarrollo histórico-económico desigual o desventajoso.

No creo que sea subjetivo afirmar que los que más tienen han de ser los que más han de dar y los que menos, los que más deban recibir. Opino que esto es objetivo.

La entrada de CIU en el gobierno, como ya sucediera en tiempos del llamado felipismo, rompe este equilibrio ya de por sí tremendamente delicado. Esto puede reconocerlo hasta el más catalanista de todos. De no ponerse fin a esta flagrante injusticia, estaremos atentando contra los principios de la Democracia misma, de ésta como plasmación del principio de Soberanía Nacional.

Se pide, con esta firma, ser demócratas.

http://www1.izquierda-unida.es./leyelectoral.htm