Teorías de organización social en el S.XVI

Sea como sea, quiero deciros lo que pienso, maese Moro. Donde quiera que haya bienes y riquezas privadas, donde el dinero todo lo puede, es difícil y casi imposible que la república sea bien gobernada y próspera. A menos que creáis que es justo que todas las cosas se hallen en poder de los malos, o que la prosperidad florece allí donde todo está repartido entre unos pocos y la mayoría viven en la miseria, reducidos a la condición de mendigos. Me parecen muy buenas y prudentes las ordenanzas de los utopianos. Les bastan pocas leyes para ordenar bien las cosas. Entre ellos la virtud es muy apreciada. Como todos los bienes son comunes, todos los hombres tienen abundancia de todo. Cuando comparo Utopía con otras naciones, veo que muchas de éstas están haciendo continuamente leyes nuevas, y aun así nunca tienen bastantes; en esos países cada uno llama suyo a lo que posee, y todas las leyes que se hacen en ellos no bastan para asegurar el pacífico disfrute de la cosa poseída, ni para defenderla ni para saber lo que es de uno o lo que es de otro cuando dos llaman suya a la misma cosa. Esto trae infinitos pleitos, cada día más, que no terminarán nunca. Cuando pienso en todo esto, doy la razón a Platón y no me asombro de que no quisiera hacer leyes para quienes no estaban dispuestos a consentir que todos los bienes se repartiesen entre todos por igual.
Aquel prudente varón previó que esa igualdad en todas las cosas es el único camino que lleva a la república a la riqueza. Y esto no se logrará mientras haya hombres que llamen suyo a lo que poseen. En efecto, donde todos pueden fundarse en ciertos títulos para aumentar tanto como pueden sus bienes particulares, unas pocas personas se reparten entre ellas todas las riquezas y no puede haber abundancia general, pues los demás quedan en la pobreza. Y sucede a menudo que los pobres son más dignos de ellas que los ricos, porque los ricos son avariciosos, taimados e inútiles y los pobres humildes y sencillos, y su trabajo de cada día es más provechoso para la república que para ellos. Por eso me persuado de que no es posible hacer una distribución igual y justa de las cosas, que nunca podrá haber esa felicidad perfecta entre los hombres a menos que se prohíba esa modalidad de propiedad. En tanto continúe, la mayoría de los hombres tendrán que llevar a cuestas la pesada e inevitable carga de la pobreza. Concedo que se puede mitigar un poco esta miseria, pero niego completamente que sea posible suprimirla del todo. Si se hiciese una ley que dijera que ninguno puede poseer más de una determinada medida de tierra o una determinada cantidad de dinero; si se decretara que el rey no ha de ser demasiado poderoso ni el pueblo demasiado rico; que no se deben conseguir los empleos sobornando con dádivas a quien puede darlos; que los empleos no se deben comprar ni vender; que no haya que dar dinero para lograr tales oficios, para no dar ocasión a quienes los ejercen de caer en la tentación de recobrar su dinero mediante el fraude y la rapiña, pues si hay soborno los empleos sólo se dan a los ricos, y no se escoge para desempeñarlos a hombres probos y sabios; si se hiciesen esas leyes, digo, se mitigarían esos males como se alivian las dolencias de un enfermo que ha perdido toda esperanza de curarse con los remedios, los alimentos y los cuidados que le dan. Mas no se debe esperar que quede sano del todo mientras cada uno sea dueño de lo suyo. En tanto que procuréis curar una parte del cuerpo, otra se pondrá más enferma. Así la curación de una parte causa la enfermedad de la otra, pues nada se puede dar a un hombre si no es quitándoselo a otro.

Thomas More, Utopia, Libro I

"Estado de tranquilidad para inversores"

“Independientemente de la prórroga o no de la alarma, el gobierno garantizará el servicio aéreo en navidad y todos los días del año.” -José Blanco, ministro de Fomento-

Antes de renovar el estado de alarma propongo al gobierno que cambie su nombre: que a partir de ahora se llame “estado de tranquilidad”. Así se nos quita la inquietud a los que no acabamos de ver claro que se recurra a medidas de emergencia para resolver un problema laboral. Y total, como insisten en que lo han declarado precisamente para tranquilizar a los ciudadanos, no para alarmarnos, el cambio de nombre le vendría al pelo.

Sé que muchos han celebrado la medida, y en efecto se sienten más tranquilos a la hora de programar sus viajes sabiendo que han puesto firmes a los controladores. Pero me pregunto cómo lo perciben, si como alarma o como tranquilidad, otros que estos días están pendientes de lo que sucede en nuestros cielos: los posibles inversores a los que apunta la inminente privatización de los aeropuertos.

Si ustedes fueran inversores potentes y se estuvieran pensando entrar en el capital de AENA o hacerse con la concesión de Barajas o El Prat, ¿cómo verían lo sucedido? ¿Les alarmaría el estado de alarma? ¿O por el contrario lo que les alarmaba eran los elevados sueldos de los controladores y su comportamiento revoltoso? Y no sólo controladores: pilotos y personal de tierra que pensaban dar guerra contra la privatización en las próximas semanas, y que por ahora lo han dejado para mejor momento.

En enero de este año, en el Congreso, el ministro Blanco dijo que para poder privatizar los aeropuertos era “imprescindible” hacer antes una reforma de la navegación aérea, en el sentido de más eficiencia, más productividad laboral y menos costes. De lo contrario, los inversores no tendrían interés en comprar. Y miren por dónde, el conflicto actual puede dejar los aeropuertos como una balsa, con los controladores domados, sus costes rebajados y trabajando más horas, y el resto de trabajadores del sector con las barbas en remojo por lo que pueda pasar.

Lo que me lleva a una última pregunta: si la navegación aérea es algo tan crucial como para decretar un estado de alarma, ¿puede dejarse en manos privadas? Es una pregunta tonta, no hace falta que la respondan.

Isaac Rosa, Público, 14/12/2010

"Los controladores deberían cobrar más"

“Nadie hasta ahora se había atrevido a tocarlos. El Gobierno va a impedir que esto vuelva a pasar, y no le va a temblar la mano.” -Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente del Gobierno-

Ya está claro cuál es el juguete que va a arrasar en las próximas navidades: el controlador aéreo. Ni Bob Esponja ni Barbie; si yo fuera fabricante ya tendría a estas horas una colección de muñecos resistentes a golpes, pisotones, pellizcos y escupitajos para que ningún ciudadano se quede sin su controlador de goma sobre el que descargar su ira.

Se dice que los controladores cobran demasiado, pero no es cierto. Yo diría que están mal pagados para el servicio que prestan. Por si fuera poco controlar el tráfico aéreo –cosa que no es precisamente fácil-, además cumplen una función social insustituible y muy necesaria en tiempos revueltos: canalizar el descontento ciudadano.

Todos necesitamos alguien sobre quien volcar la rabia acumulada. Y como últimamente estamos muy cabreados, las autoridades se preocupan porque no nos falten dianas para nuestro enfado, no sea que cualquier día desviemos el tiro y acabemos dirigiendo esa rabia contra quien no debemos.

Y los controladores son ideales para ello: son pocos, nadie sabe bien a qué se dedican, tienen aspecto de elite –‘casta’, ‘aristocracia’, se dice de ellos-, ganan más que la mayoría, son endogámicos, soberbios e insolidarios con los demás, y tienen una capacidad de presión sobre su empresa que ya querríamos muchos. Es decir, admiten odio pero también envidia o resentimiento, pues les sienta como un guante la etiqueta despectiva que más éxito tiene en tiempo de paro y miseria: privilegiados. Se ha intentado con otros colectivos, pero con ninguno luce tanto. Sólo hay que ver la furia anticontroladores que muestran muchos que no sólo no fueron afectados en el puente, sino que en la vida cogen un avión.

Pero no es ésa la única función social que cumplen. Además, sirven al gobierno para hacer una exhibición de autoridad, de esa misma autoridad que no muestra con especuladores, banqueros, Marruecos o el embajador estadounidense. “Quien echa un pulso al Estado sabe que lo pierde”, presume mientras aplasta manu militari a unos controladores que, encerrados en su burbuja, no midieron su respuesta.

Visto así, hasta salen baratos.

Isaac Rosa para Público, 09/12/2010

La parábola del conflicto de controladores o cómo ser autoritario entre aclamaciones

Se va acabando el puento y comienza a clarearse el panorama. Las intenciones del Gobierno, por si antes y durante el conflicto de controladores no estaban claros, a los más incrédulos puede que les empiece cambiar su percepción de qué es lo que ha pasado o de hecho está ocurriendo.

El anuncio del (potencial) despido de unos 200 controladores por la bravuconada podría hacer parecer que se está anteponiendo la vedetta a la seguridad. Yo personalmente creo que encaja a la perfección en el populismo desplegado por el Gobierno en todo este guirigay, pero por encima de ello, lo que se antoja es nuevamente un camino recto a la realización de recortes en la costosa seguridad aérea.

«De aquí a 2012, Senasa ha ofertado 300 plazas para controladores (48 ya han empezado los cursos). Con ello, habría hasta 472 controladores nuevos y a menor coste, más que los expedientados. A esto se une que se privatizará la gestión de las torres y nuevas empresas, entre ellas la pública Ineco, contratarán a controladores pero previsiblemente con un sueldo mucho menor.» (La negrita está en el original).

El discurso del sueldo y la rentabilidad es lo que ha hecho ir a la brava masa contra los controladores espoleados por la opinión pública (con esto me refiero a los medios) pidiendo justicia divina, es decir, duras represalias. Aparte de que esta estrategia no es muy nueva en la historia que digamos (no daré ejemplos para que no venga el listo (‘anónimo’) de turno a acusarme de manipulador), el odio hacia un colectivo porque representa el estatus que muchos anhelan o simplemente porque enfurece al que no lo posee, como digo, no es nuevo. Y cuando ruge la marabunta, pues ya se sabe, pide sangre. Normalmente, nadie mejor que el que demuestra autoridad (AUTORITARISMO) se hace garante de la confianza de los encolerizados. Sacar los milicos a pasear puede ser una buena prueba de mano dura, pero para que no quede en una anécdota, se puede, como vemos, recortar los deseados gastos en un momento de quiebra estatal echando a quienes han osado desafiar al poder del todopoderoso Estado, literalmente a la calle. Lo dejó muy claro estos días un ministro de netas tendencias autoritarias (no hará falta recordar su gestión durante el felipismo): «quien echa un pulso al Estado, pierde».

Pero el autoritarismo no se ha quedado ahí, y nos lo recordó el presidente de la cámara baja, José Bono, en su discurso de exaltación de la Constitución, con un tono que podríamos decir ‘duro’: «Los únicos culpables (...) son los controladores por haber recurrido al chantaje para defender sus privilegios (...) Ni han vencido en esta ocasión, ni vencerá quien lo intente de nuevo. Nos va demasiado en ello y los culpables deben perder toda esperanza frente a los españoles y frente a la Constitución.»

Ha quedado claro que odiamos a los «privilegiados». Pero, ¿es esto tan claro? El Gobierno quitó el impuesto sobre el patrimonio, lo cual agravaba las rentas más altas y a las clases más privilegiadas del país. Es curioso porque esto no generó ninguna controversia salvo en estrechos márgenes por la izquierda, incluso en círculos del PSOE. Llámenme oportunista pero, qué pasa con notarios, tasadores o mismamente políticos como cualquier senador o diputado —que cobrarán un salario vitalicio tras calentar su escaño una legislatura—. Ni que decir de ciertos empresarios o banqueros. No pongo en duda la decencia y profesionalidad de cualquiera que pertenezca a dichos colectivos, simplemente remarco que existen otros enormemente «privilegiados», tanto o más que cualquier controlador aéreo.

Que nadie se lleve a engaño, yo me confieso: odio ferviente y vehementemente a todos y cada uno de los que puedan ser tachados de privilegiados. Huelga decir que esto tiene matices, pero sucede que lo que gane cada uno es absolutamente indiferente, NO APORTA NADA a la discusión que se está tratando. Como tampoco lo hacen los miles de testimonios, entregados por capítulos, del «perdí mis vacaciones». Lo lamento enormemente por los damnificados, pero a mi como ciudadano me afecta poco o nada sus particulares males, y reitero sinceramente que lo siento por todos y cada uno de ellos.

Por el contrario, lo que me importa como CIUDADANO es que el Gobierno haya sacado otro ‘Decretazo’ como el que propició la pasada huelga general, que se haya saltado el Art. 37 que da fuerza vinculante a los convenios colectivos, que se haya privatizado el 49% de AENA y de LAE para pagar un agujero económico que tiene el Estado por una mala gestión y por haber dado sumas inverosímiles a la Banca (incluyo la reciente Ley de Cajas) para cubrir unos escándalos financieros con los que se han enriquecido increíblemente y que ahora hemos de pagar todos. Un nuevo capítulo del «privaticemos los beneficios y socialicemos las pérdidas». Que todo esto se haya hecho buscando un chivo expiatorio me parece una obviedad, pero me resulta inquietante, por peligroso, el precedente de la declaración del Estado de Alarma para hacer uso de las Fuerzas Armadas para suplir a la sociedad civil en un conflicto civil. Veremos qué ocurrirá en la próxima (cuando quiera que ésta sea) huelga general.

Que la responsabilidad sea compartida —como ya expresé por aquí— entre Gobierno y controladores, por aquello de la ‘acción-reacción’, es algo indiferente. Las vacaciones perdidas no serán recuperadas y cada una de esas historias resultan anécdotas masivas que no tienen ninguna relevancia para nadie más que para quien las ha sufrido. Lo que tiene relevancia para el llamado y tan apelado en la Carta Magna «interés general», es la venta del patrimonio público y la represión que está suponiendo el desenlace del conflicto. Me crea aprehensión y escalofríos el solo hecho de ver las masas indignadas y cabreadas (no les he quitado razón para ello) bramando por el uso de la fuerza, la represión, los despidos colectivos y el fin de los «privilegios».

Tomado asépticamente, lo que ha sido aplaudido es: a) el uso del Ejército; b) la represión sobre un conjunto de trabajadores; y c) la privatización de una empresa. El paso del tiempo imagino que será la lectura que nos deje. Lo he dejado escrito por ahí. En realidad, para hablar de este conflicto, no es ni tan siquiera necesario hablar de controladores.

Habrá que reconocer en algún momento, que esta sociedad tiene más de consumidor que de ciudadano, y nos jode (ilimitadamente) más que nos toquen nuestra potestad de consumidores que nuestros derechos de ciudadanía. Incluso llegamos a confundirlos y solaparlos. Da que pensar que no se hayan enarbolado argumentos muy distintos a los usados contra nosotros en la pasada huelga general o con los trabajadores de Metro Madrid.

Quizás sea pronto para decirlo, pero este ha sido otro lamentable episodio en el ya largo recorrido de la subrogación de la democracia por el mercado.

Una reflexión sobre lo leído en el conflicto de controladores

En estos dos últimos días se ha hablado mucho del tema de los controladores aéreos y las consecuencias que su ilegal acto ha tenido. Me ha parecido reveladoramente interesante todas las posiciones encontradas dentro de la blogosfera, y han sido muchos los compañeros de IU con quienes he discutido del tema.

Para empezar, decir que quienes se han posicionado en contra de los controladores —con más o menos matices— lo han hecho alegando los privilegios de que este colectivo goza. A mi entender este argumento ocupa un espacio innecesario, porque no tienen en absoluto nada que ver con lo que ha ocurrido aquí. Por tanto me parece un argumento falaz que no habría de entrar en el debate, tengan los privilegios que tengan. ¿En qué afecta a la discusión? ¿Qué elemento o condicionante añade?

Otro punto fuerte ha sido la patente ilegalidad en las formas de la protesta. Esto, que es innegable, en mi modesta opinión tiene matices. Para mí, esta ha sido derivada directamente de la clásica ‘acción-reacción’ y este argumento no es algo gratuito. No entiendo que se le exijan a nadie legalidades cuando quien es el primero que ha (en teoría, por supuesto) de respetar las leyes (el Gobierno mismo) no lo hace. El Decreto que ha encendido la mecha, es absolutamente impresentable, presumiblemente será en unos meses —ya tarde— declarado ‘inconstitucional’ como ocurriera con el ‘Decretazo’ que propició la pasada huelga general, pero se ha aprobado saltándose la negociación colectiva y el Estatuto de los Trabajadores, todo ello amparando la privatización de la mitad de AENA. Que sea un modus operandi a que se nos tiene acostumbrados el actual Ejecutivo no lo hace distinto ni mucho menos permisible. Exigirles a los trabajadores que se amparen en la legalidad (cosa que no discuto que no han hecho) cuando el Gobierno mismo se la ha saltado, no sólo no puedo hacerlo sino que no entiendo ni comparto que así se esté haciendo. No niego que los controladores han (perdón) jodido literalmente las vacaciones de muchos miles de personas, pero no han empezado ellos y esto habría cuando menos de ser tenido en cuenta antes de centrar las miradas sobre éstos. Huelga decir que con ello no trato de justificar a nadie.

Pero esto es lo que me lleva a lo siguiente: ¿por qué centrar —guiados por los medios, como de costumbre— miradas, culpas y el debate sobre lo controladores? De lo que se tendría que estar hablando, de no estar todo el mundo poniéndose en la piel del damnificado en un alarde de empatía que la sociedad actual nos tiene poco acostumbrados, es de que se haya aprobado —de modo, repito, harto irregular— la privatización de una de las últimas empresas públicas que quedan para pagar los desaguisados financieros ya no sólo con el sueldo contante y sonante de los impuestos de la ciudadanía, sino con el patrimonio de todos con todo lo que ello conlleva; de un discurso demagogo y populista que está ejerciendo el Gobierno para llevarlo a cabo, buscando un cabeza de turco —hallado— en los controladores, diciendo que se niegan a trabajar por mantener sus privilegios.

De paso me veo en la triste obligación de decir —lo cual no es menos ridículo—, para que no parezca que soy un insolidario insensible porque todo esto «no iba conmigo», que lo lamento mucho por quienes hayan perdido sus enormemente merecidas vacaciones.

Pero independientemente de lo que nos gusten o no los controladores aéreos, lo que este colectivo (gremio si prefiere alguno) lleva años pidiendo —en contra de lo que sostiene el Gobierno, que miente— no son aumentos de sueldo sino de plantilla, lo cual habría de ser una notable preocupación de quienes de modo habitual tomamos un avión, porque ello guarda relación directa con la seguridad aérea, bastante tocada por la especulación en los últimos años como mostró el último accidente grave en suelo peninsular, el del avión de Spanair.

Que en el controvertido Decreto se haya agregado una cláusula preventiva que contempla este tipo de incidencias permitiendo el paso de la gestión del control aéreo a Defensa, me parece terriblemente elocuente. Me gustaría insistir en todo ello porque, repito, la atención en este asunto debería volcarse de unas vacaciones perdidas al ámbito de lo puramente político.

Porque esa solidaridad que estamos viendo es con el consumidor, no con el ciudadano, para con quien la última huelga general dejó bien patente lo insolidario de los españoles. Todos nos vemos a nosotros mismos no como individuos sino como consumidores, y es en esto que descargamos nuestra solidaridad con los damnificados del puente. Me remito a un breve texto de Miguel Izu que me ha parecido interesante:

Gracias al conflicto de los controladores aéreos nos hemos enterado de cuál de los derechos de los ciudadanos es el más importante. Y resulta que es el derecho a volar, uno que ni siquiera está en la Constitución. Es lo que se deduce de que haya sido el único que ha merecido un real decreto urgentísimo para militarizar un servicio público y que haya llevado al Gobierno a plantearse la declaración del hasta ahora inédito estado de alarma previsto para, entre otros, los casos de paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.

Con todo esto lo que se está haciendo —quiérase o no— es una consideración muy clara: se anteponen los derechos de los CONSUMIDORES a los de la CIUDADANÍA. Quienes critican en primer plano a los controladores están haciendo esta yuxtaposición. A algunos se lo he hecho notar y se me ha negado que así sea. Pero quitarle protagonismo a la pérdida de un viaje para centrarse en lo que ha rodeado esto —al tiempo que yo ponía la responsabilidad del Gobierno—, para algunos supone justificar a los controladores. Y nada más lejos de mi pretensión.

La responsabilidad, primera y última, es del Gobierno. Dicho esto, los controladores habrían de pagar las consecuencias de quien lleva a cabo un conflicto laboral (desde luego no con el delito de sedición). Pero argumentos como el de las UCI's, que se han podido leer por todas partes, resultan increíblemente falaces y oportunistas, y cabe decir lo mismo al respecto: si los médicos se ponen en huelga porque se va a privatizar la sanidad pública y el gobierno lanza un decreto saltándose la negociación colectiva —que dicho sea ha estado desoyendo durante meses— y autoriza la militarización del servicio caso que se produzcan parones, pues sí vería perfectamente justificada una huelga y no dudaría en hacia donde señalar, y nunca sería a los médicos por mucho que cobre un cirujano. Por lo demás, el hacer análogo un paciente en espera de operación con la de un pasajero en espera de arribar a su destino es no entender nada o querer tergiversarlo todo.

El ambiente obviamente está aún muy caliente, y supongo que de no ser así, a unas vacaciones perdidas se antepondría la pérdida —definitiva— de una empresa pública, de un modo de actuar netamente AUTORITARIO que comienza a ser costumbre y que propició ya una huelga general, al uso de militares para poner ORDEN en una situación que la prensa (y muchos blogueros) ha calificado de caótica, porque lo que precede al orden, como todos saben, es el CAOS. Me preocupa muy especialmente el aplauso colectivo al uso de la fuerza militar, apenas mencionado de forma sucinta por atender al chivo expiatorio. Cuidado con el precedente que se ha sembrado y que el pueblo ha sancionado con pública aclamación.

Dejo un blog que quizás pueda resultarle a alguno interesante. Aquí señala, entre otras cosas y con comentarios deshabilitados, que los controladores, además de no ser funcionarios desde 1991 con la creación de AENA, hablan de sus reivindicaciones de los últimos años, de cómo se ha estado perdiendo personal al tiempo que se aumentaban las horas extra y desoían las voces que pedían aumento de plantilla, o ‘únicamente’ el 9% de los controladores españoles tiene un familiar en plantilla. (http://www.controladoresaereos.org/?p=1310)

La aclamación popular del autoritarismo

El Gobierno del PSOE ha hecho uso, por primera vez desde que entrara en vigor la Constitución de 1978, del artículo 116 por el que se decreta el Estado de Alarma, que autoriza la militarización de la vida civil.

La aclamación del pueblo ante la medida de fuerza parece abrumadora y casi dan ganas de gritar «¡Idiotas!» si no fuera porque todo ello supone un precedente extremadamente grave. La medida que ha tomado el Gobierno del PSOE es oportunista en lo político, populista, maniquea y oculta la motivación de fondo: la privatización de casi la mitad de AENA y la concesión total de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat.

Como suele ocurrir en estos casos —y en casi todos—, los medios ocultan los matices de fondo concentrándose en los de forma. Diario Público decía:

La aprobación del nuevo modelo de gestión de gestión aeroportuaria en el Consejo de Ministros, que incluye la modificación e los horarios de los controladores y la privatización parcial del gestor de los aeropuertos encendió la mecha del caos.

Quizá previendo la situación, el consejo de ministros celebrado ayer también aprobó -como adelantó Público ayer- una modificación de la Ley de Seguridad aérea que permite a Defensa asumir el control del tránsito aéreo en situaciones como éste.

RTVE lo titulaba —muy ecuánimemente— «Caos en el tráfico aéreo por la huelga salvaje de controladores». Aquí, los ciudadanos son «rehenes» y los controladores «chantajistas» —según el presidente de AENA—. Pero, ¿por qué ningún medio lo ha enfocado como, por ejemplo, el sindicato CGT/AENA?:

CGT/Aena condena que hayamos llegado a esta situación, y se solidariza profundamente con los ciudadanos de este país que están sufriendo en sus propias carnes la incompetencia de este gobierno.

Exacto, la «incompetencia del Gobierno» ¿o acaso sólo hay un modo de verlo y es demonizando al colectivo de controladores? Está ya de facto instalado el discurso, emanado de una perversa lógica, de cuando hay molestias a CONSUMIDORES por un conflicto laboral, es culpa y responsabilidad de los HUELGUISTAS. Convendría tener esto en cuenta a la hora de hacer juicios de valor.

Pero ¿se ha preocupado alguien de ver qué arguyen los controladores? Según la sección sindical ya citada, lo que se alega es lo siguiente:

Asimismo, ante un posible linchamiento mediático del colectivo de trabajadores de control, queremos dejar claro que el responsable de la situación es el gobierno, que ha provocado al colectivo de controladores imponiendo mediante Decreto condiciones laborales absolutamente irresponsables, con el fin de encubrir mediante el acoso y derribo de los controladores su propia ineficiencia en los cómputos de jornada, así como la privatización de Aena y el conflicto laboral que se avecina por la subrogación de los empleados públicos de Aena a empresas privadas.

Una medida de fuerza tal como la que acaba de llevar a cabo el actual gobierno socialista, de haber sido llevada a cabo por el Partido Popular, estaríamos hablando sin demasiadas dudas de AUTORITARISMO. No creo que sea necesario prevenir a nadie de lo perverso y peligroso que resulta autorizar la intromisión de los militares en la vida civil, menos aún en un conflicto laboral en un contexto como el que estamos viviendo. Desde aquí se viene diciendo —quizás desde una óptica en exceso catastrofista—, cuidado con el espacio donde parece estar quedando relegada la democracia entendida como la emanación de la soberanía popular.

Visto con un poco de perspectiva, no hace falta ser muy perspicaz para entrever en esto no una defensa férrea por parte del Gobierno de los derechos de los ciudadanos (aquí convertidos en CONSUMIDORES), sino una huida desesperada de quien se ve desbordado por unos acontecimientos que le superan y que en buena medida ha generado.

En este sentido, el mensaje que deja el Ejecutivo ante un conflicto cuyo detonante fundamental es la privatización hace pocos días anunciada del 49 % de AENA y el empeoramiento de las condiciones laborales de los controladores, es preclaro y no va dirigido ni mucho menos a la ciudadanía: «tranquilos que en caso de estallar un nuevo conflicto, será movilizado el Ejército». Lo que también podría ser: «empresarios, tranquilos, pujad, el riesgo es igual a cero».

El PSOE es ya de hecho un partido de derecha

Zapatero rebaja los impuestos a las pymes y quita la ayuda de 426 euros

La sesión del control al Gobierno en el Congreso le ha servido a José Luis Rodríguez Zapatero para anunciar una batería de nuevas medidas de amplio espectro y de gran calado. El presidente del Gobierno ha liquidado la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración y sin protección, ha bajado los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y has desvelado que se privatizará parte de Aena y de Loterías del Estado.

La medida más impopular es el fin de la ayuda de los 426 euros. El presidente del Gobierno, a preguntas de Mariano Rajoy, afirmó que este programa de prestaciones para parados sin cobertura dejará de funcionar en febrero, fecha en la que se acaba la última prórroga.

Esta medida forma parte de un paquete más extenso en materia laboral: Zapatero adelantó que a partir de ahora los funcionarios públicos de nuevo ingreso se integrarán en el Régimen General y que el Régimen de Clases Pasivas "quedará a extinguir". También anticipó que en el Consejo de Ministros aprobará la regulación de las agencias privadas de colocación.

Zapatero avanzó además que a partir de febrero de 2011 los servicios públicos de empleo contarán con otros 1.500 orientadores, con el objetivo de generar actividad y facilitar la creación de empleo.

Zapatero no se paró ahí. Anunció otra medida muy importante: dijo que el Ejecutivo prepara una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades a pymes, así como un cambio en la definición de empresas de tamaño reducido, medidas que, según aseguró, beneficiarán a 40.000 pequeñas y medianas empresas.

El jefe del Ejecutivo explicó que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la citada rebaja, que consiste en ampliar la base imponible para las empresas que tributan al tipo reducido, desde los 120.000 euros actuales de facturación hasta los 300.000. Según los datos de 2007, este rebaja de impuestos afectaría a 1.200.000 empresas.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se felicitó por el anuncio de la rebaja de impuestos a las empresas. Recordó que es una de las medidas que ha propuesto su partido y lamentó que no se adoptara antes

Privatizaciones

Por si eso fuera poco, Zapatero informó de que el Gobierno privatizará hasta el 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y que los aeropuertos de Barajas y el Prat tendrán gestión privada mediante un régimen concesional.

El jefe del Ejecutivo anunció esta medida dentro de las actuaciones para liberalizar actividades productivas, entre las que también adelantó la privatización del 30% de la sociedad estatal de las Loterías y Apuestas del Estado.

Por su parte, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en respuesta a una pregunta del PP, ha dicho que con la decisión de "privatizar parte de Loterías y de Aena" se conseguirá "reducir deuda, tener más margen de maniobra presupuestaria" y de esta manera dedicarse "por ejemplo a políticas activas de empleo".

Principales medidas anunciadas por Zapatero

Fin de la ayuda de 426 euros a los parados sin protección. En febrero terminaba la prórroga de este programa de prestaciones. El Gobierno no renovará esa prórroga.

Rebaja fiscal a las Pymes. El presidente anunció una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades a pymes. El Gobierno ampliará la base imponible para las empresas que tributan al tipo reducido, desde los 120.000 euros actuales de facturación hasta los 300.000. Es una rebaja de impuestos.

Agencias privadas de colocación. Su regulación se aprobará el viernes en el Consejo de Ministros

Nuevos funcionarios. Los nuevos fuincionarios públicos. Los funcionarios públicos de nuevo ingreso se integrarán en el Régimen General y no en el Régimen de Clases Pasivas, como hasta ahora.

Privatizaciones. El Gobierno privatiza el 49% de AENA y el 30% de las loterías. Los aeropuertos de El Prat y Barajas tendrán una gestión privada.

Público, 1/12/2010. No dejéis de ver el vídeo ahí colgado, con Zapatero anunciando las medidas entre tartamudeos.