La crisis del parlamentarismo

Creo que lo democrático sería que cada partido proponga en su programa electoral su modelo de reforma de pensiones y que los ciudadanos puedan debatir y votar en las próximas elecciones generales en función de ello. (Cayo Lara, Público, 14/02/2011)

Esto sin duda sería una medida muy democrática dada la naturaleza de las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que rigen nuestros sistemas representativos. No carece de importancia el apunte, pues con (cada vez menos) frecuencia se oyen sentencias que, de alguna manera, apelan a eso que se ha venido en llamar «el fin de la historia». La idea de que en el mundo, tras haberse librado la última batalla por la hegemonía, ha quedado (pre)configurado para ser monolítico según el modelo de Occidente, esto es, «democrático». La idea, desde luego enormemente etnocéntrica, no sólo no es inocente sino que viene cargada de ideología.

No es mi intención entrar tanto en las alternativas —que por descontado las hay y existen— como en centrarme en el modelo mismo. Supongamos que efectivamente el único sistema posible, no ya siquiera el más perfecto o el menos imperfecto, sino EL ÚNICO, fuese en efecto el democrático-capitalista (occidental). Incluso dando por supuesto que alternativas socioeconómicas como el socialismo fuesen intrínsecamente totalitarias (algo ridículo además de estúpido), ¿qué es lo que podría hacernos suponer que no hay otro horizonte aparte del que estamos viviendo y en el que apenas puede vislumbrarse como fin último un razonable «bienestar general»?

De entrada, en ‘nuestro’ horizonte ni siquiera cabe la promesa de un modesto bienestar total, mucho menos global, pues es aceptado por todos que tal cosa no es posible dentro del actual modelo. Ahora bien, no es menos aceptado que pueda existir ese «modesto bienestar total» en otro modelo, el socialista, que sin embargo se asocia a pauperismo y a cualquier forma incompatible con un gobierno mínimamente democrático. La Libertad viene pues entendida como la frontera impuesta por la economía. El individuo es libre de hacer, dentro de unas reglas dilatadas y flexibles, toda suerte de cosas que se le antojen, siendo su única frontera el dinero de que disponga. De alguna manera, las libertades individuales devienen monetizadas y pierden su carga política original. De ahí que no sean hoy consideradas como algo esencial al hombre. Viniendo malentendidas, son tomadas como añadido al sistema democrático y no parte indivisible del mismo. La democracia puede así entenderse como una competición entre diferentes opciones que, en función de los resultados obtenidos y de toda una serie de variables que no tienen porqué tener relación con lo bien o mal que se haya ‘gobernado’, se le puede sustituir por otras opciones, siendo normalmente elegida la de mayor probabilidad de victoria   —aquella que garantiza el ‘anhelado’ reemplazo—.

Normalmente, el intervalo temporal para que intervenga el pueblo se establece en los cuatro años. Antes puede —si así lo autoriza el Gobierno— movilizarse y manifestar su disconformidad a fin de ‘presionar’ sobre las decisiones que se tomen. Y así, pues, se fija una frontera fabulosa entre gobernantes y gobernados.

La propuesta de Cayo Lara de que sean los programas electorales los que marquen medidas tan trascendentes para la vida de toda la ciudadanía, va orientada, desde luego, hacia la honestidad y la transparencia de un sistema diseñado ex profeso opaco. La soberanía, no obstante, así viene escrito, emana «de abajo», del pueblo. Ello conduce a lo siguiente: ¿nos encontramos, pues, ante un régimen parlamentario que pueda decirse democrático? Lo primero resulta obvio que así es, lo segundo, se antoja más que dudoso. Pero entonces, ¿qué sería una democracia? En los últimos años los escépticos convencidos han reforzado sus posicionamientos; con los últimos acontecimientos, son muchos quienes ven tambalear los pilares sobre los que asentaban su convencimiento de vivir en un sistema plural y (con las normales fallas que se le suponían) representativo.

Una decisión como la que ha afectado a las pensiones o a la última reforma laboral, no habría sido nunca autorizada por el pueblo, al que se le ha tenido que convencer —y en gran parte se ha autoconvencido— de que medidas de este tipo si bien «no son del gusto de nadie» si lo son «necesarias». Los argumentos se rebuscan, se retuercen y se hacen omnipresentes, a fin de mostrar a todos el porqué de su urgencia, y, de este modo, se torna maleable la opinión pública. Todo este juego de manipulaciones y medidas impopulares encuentra agrado en quienes se hayan sobre lo divino y lo humano, aquellos cuya mayor concentración de capital les hace más libres entre los ‘libres’. Y así éstos, a la sazón quienes controlan los medios (directa o indirectamente), financian los grandes conglomerados políticos incidiendo, con éstas y otras maniobras, en las legislaciones vigentes con objeto de moldearlas a sus particulares intereses. Por definición pura, éstos se oponen a los así llamados «generales».

Un régimen político siquiera mínimamente permeable a la influencia de tales grupos (públicamente reconocidos como «de presión» o «lobbies») en la toma de decisiones gubernativas  habría de ser denominado, más bien, el «régimen de la minoría», es decir, «oligarquía».

Es de esta manera que capitalismo y democracia se vuelven conceptos efectivamente antitéticos. Un hombre no será más libre por poseer una mayor acumulación de capital, sino por no hallarse sujeto a las necesidades que se derivan de la falta de éste. Del mismo modo, dicha acumulación contrae necesariamente la acentuación de la desigualdad, el establecimiento de vínculos de dependencia (relaciones de explotación) con los que son sometidos y controlados los individuos.

Se sigue entonces que democracia y socialismo devienen conceptos simétricos, armoniosos. Sólo mediante la cancelación de las formas de explotación es posible imaginar un sistema de representación auténticamente «democrático», en el que los individuos sean efectivamente libres y en el que se hallen representadas todas las sensibilidades sin la potencial alienación intrínseca a las contradicciones entre los medios y las relaciones de producción del sistema de explotación capitalista.

Que la propuesta de Cayo Lara parezca utópica, casi satírica dado el nivel de «democracia» que se maneja hoy en nuestra sociedad, resulta un golpe de dura elocuencia. Pero en esta parte del mundo donde parece que no puede ocurrir nada porque ya ha pasado todo, quizás estén gestándose grandes procesos de cambio. O quizás no, pues no ha de obviarse que en la historia es más común la falta de acontecimientos que la cristalización de procesos, pero una cosa es segura, éstos siempre han ido acompañados de alteraciones en la percepción crítica de las sociedades: cómo entienden y perciben las relaciones que les envuelven y que padecen, así como su cuestionamiento de lo que es justo e injusto.

La filosofía del sentido común, la de los 'no filósofos'

Una obra como el Ensayo popular [se refiere a La teoría del materialismo histórico. Manual popular de sociología marxista, de N. Bujarin, escrito en 1921], destinada a unos lectores que no son intelectuales de profesión, debería haber partido del análisis crítico de la filosofía del sentido común, la "filosofía de los no filósofos", es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común no es una concepción única, idéntica en el tiempo y en el espacio: es el "folklore" de la filosofía y, al igual que ésta, se presenta en innumerables formas. Su rasgo fundamental y más característico es el de ser una concepción (incluso en cada cerebro individual) disgregada, incoherente, inconsecuente, conforme a la posición social y cultural de las multitudes de las que constituye la filosofía. Cuando se forma en la historia un grupo social homogéneo, se elabora también, contra el sentido común, una filosofía homogénea, es decir, coherente y sistemática.

El Ensayo popular se equivoca al partir (implícitamente) del presupuesto de que a esta elaboración de una filosofía original de las masas populares se oponen los grandes sistemas de las filosofías tradicionales y la religión del alto clero, es decir, la concepción del mundo de los intelectuales y de la alta cultura. En realidad, estos sistemas son ignorados por la multitud y no tienen una eficacia directa sobre su modo de pensar y de actuar. Esto no quiere decir que carezcan de eficacia histórica: pero es una eficacia de otro género. Estos sistemas influyen en las masas populares como fuerza política extrema, como elemento de fuerza cohesiva de las clases dirigentes, es decir, como elemento de subordinación a una hegemonía exterior, que limita negativamente el pensamiento original de las masas populares sin influir en él positivamente, como fermento vital de transformación íntima de lo que las masas piensan embrionaria y caóticamente sobre el mundo y la vida. Los elementos principales del sentido común son suministrados por las religiones y por esto la relación entre el sentido común y la religión es mucho más íntima que la relación entre el sentido común y los sistemas filosóficos de los intelectuales. Pero también hay que hacer distinciones críticas en lo que concierne a la religión. Toda religión, incluso la católica (y especialmente la católica, por sus esfuerzos para permanecer unitaria "superficialmente", para no escindirse en iglesias nacionales y en estratificaciones sociales) es, en realidad, una multiplicidad de religiones distintas y a menudo contradictorias: hay un catolicismo de los campesinos, un catolicismo de los pequeño burgueses y de los obreros de la ciudad, un catolicismo de las mujeres y un catolicismo de los intelectuales, abigarrado e inconexo a su vez. Pero en el sentido común no sólo influyen las formas más toscas y menos elaboradas de estos diversos catolicismos, actualmente existentes: han influido y son componentes del actual sentido común las religiones precedentes y las formas anteriores del catolicismo actual, los movimientos heréticos populares, las supersticiones científicas ligadas a las religiones del pasado, etc. En el sentido común predominan los elementos "realistas", materialistas, es decir, el producto inmediato de las sensaciones elementales, lo cual no está en contradicción ni mucho menos con el elemento religioso; pero estos elementos son "supersticiosos", acríticos. Éste es, por consiguiente, el peligro que ofrece el Ensayo popular: a menudo confirma estos elementos acríticos, que hacen que el sentido común permanezca todavía en la fase ptolemaica, antropomórfica, antropocéntrica, en vez de criticarlos científicamente.

Antonio Gramsci, "Introducción" (fragmento), en La política y el Estado moderno.

La triste traición de la hoy indigna CC.OO.

«Los sindicatos han subrayado que han logrado "corregir considerablemente" y evitar los "destrozos" que pretendía hacer el Gobierno en el sistema de pensiones. "Una imposición más del Ejecutivo nos habría llevado a una desprotección mucho más amplia. Hemos apostado por ser responsables (…)». Esto podía leerse en Público este mismo viernes.

Tengo que decir —y que se me perdone por la expresión—, que me quito el sombrero ante tantos cojones como están poniendo sobre la mesa los sindicatos mayoritarios. Particularmente lamento, por la parte que más de cerca me toca, la de CCOO. Este ha dejado de ser, en lo sucesivo, mi sindicato referencial. Da lástima ver cómo una organización obrera de la historia de Comisiones, fundada en la clandestinidad en los represivos años sesenta, mayor y muy especialmente por comunistas, haya acabado sirviendo a los intereses del capital. Esta organización da asco y en ningún caso puede ya ser considerada ‘obrera’.

El discurso justificatorio, encima, es molesto por grosero. Cualquiera que lo lea casi tendrá que pensar que hemos ganado algo, casi casi una victoria. Esta política de sanción de los hechos consumados a fin de evitar ‘males mayores’ está empezando a ser tan reiterativa en lapsos temporales cada vez más estrechos, que habría de ser de una vez revisada de un modo radical, es decir, cancelada. La lógica es que si no reculamos, si no cedemos, las consecuencias serán peores. Pues bien, ¿qué hay de malo, entonces, en no recular y aceptar medidas supuestamente (no lo quiero poner en duda ni mucho menos) peores? Hay batallas que aunque se sepa que van a perderse, hay que plantar y mejor si no hay sangre de por medio. Las organizaciones auténticamente obreras deben plantarse y decir, ya de una vez ¡basta! ¡Hasta aquí hemos llegado (nosotros)! Que dejen por fin de ser la herramienta de justificación de toda una serie de políticas que atentan contra la democracia misma, contra el pueblo, y que son presentadas como «pactos». Hasta el Gobierno es capaz de salir, después de paradójicamente proponer medidas más duras, sacando pecho y diciendo que lo que están es salvando las pensiones y que «el acuerdo, creará empleo» (Rubalcaba dixit).

Con declaraciones como estas, no es de extrañar que CC.OO. y UGT estén tan convencidos de que el «acuerdo es bueno», que no se sientan «incómodos» con la reacción que, por ejemplo, ha tenido IU. «De hecho, Cubillo ha indicado que cuando se conozca la dimensión del acuerdo, "se acabará comprendiendo" que éste va a ser uno de los grandes acuerdos de la Democracia». Estoy muy de acuerdo, es un pacto de los mayores y más trascendentales de este país, pero a pesar de la democracia.

Parafraseando a un personaje profundamente despreciable, pocas veces tan pocos han hecho tanto por dar por el culo a tantos.

Democracia y lucha de clases en la antigüedad

Con la victoria de los no propietarios en Atenas la palabra “democracia” adquirió un nuevo significado. Antes “el poder de la mayoría más pobre” era entendido tan sólo por contraposición con la aristocracia y con el reducido grupo de los ricos. En este sentido, la constitución de Clístenes, que sancionaba la supremacía política de las clases medias, pero que garantizaba también a las capas más pobres el derecho de voto en la asamblea popular, era también una democracia. Desde el 461, sin embargo, los atenienses y sobre todo los griegos de ideas avanzadas concibieron como verdadera democracia sólo el sistema político capaz de garantizar efectivamente a la mayoría de los pobres el ejercicio del poder. El régimen político en el que es la clase media la que detenta el poder fue denominado, más bien, desde entonces, el “dominio de la minoría”, es decir, “oligarquía”. Sin duda ya se había hecho imposible ocultar el poder real de la clase media bajo la ficción democrática del derecho de voto generalizado, porque las masas populares habían madurado ya su conciencia de clase. En consecuencia, si se hubiese querido restaurar el régimen político en vigor en Atenas durante la época de Clístenes, Temístocles y Arístides, esto no hubiera podido alcanzarse sino es mediante una represión violenta de los no propietarios y de una limitación expresa del derecho de voto.

Arthur Rosenberg, Democracia y lucha de clases en la antigüedad, El Viejo Topo, 2006, pp.92-93.

Teorías de organización social en el S.XVI

Sea como sea, quiero deciros lo que pienso, maese Moro. Donde quiera que haya bienes y riquezas privadas, donde el dinero todo lo puede, es difícil y casi imposible que la república sea bien gobernada y próspera. A menos que creáis que es justo que todas las cosas se hallen en poder de los malos, o que la prosperidad florece allí donde todo está repartido entre unos pocos y la mayoría viven en la miseria, reducidos a la condición de mendigos. Me parecen muy buenas y prudentes las ordenanzas de los utopianos. Les bastan pocas leyes para ordenar bien las cosas. Entre ellos la virtud es muy apreciada. Como todos los bienes son comunes, todos los hombres tienen abundancia de todo. Cuando comparo Utopía con otras naciones, veo que muchas de éstas están haciendo continuamente leyes nuevas, y aun así nunca tienen bastantes; en esos países cada uno llama suyo a lo que posee, y todas las leyes que se hacen en ellos no bastan para asegurar el pacífico disfrute de la cosa poseída, ni para defenderla ni para saber lo que es de uno o lo que es de otro cuando dos llaman suya a la misma cosa. Esto trae infinitos pleitos, cada día más, que no terminarán nunca. Cuando pienso en todo esto, doy la razón a Platón y no me asombro de que no quisiera hacer leyes para quienes no estaban dispuestos a consentir que todos los bienes se repartiesen entre todos por igual.
Aquel prudente varón previó que esa igualdad en todas las cosas es el único camino que lleva a la república a la riqueza. Y esto no se logrará mientras haya hombres que llamen suyo a lo que poseen. En efecto, donde todos pueden fundarse en ciertos títulos para aumentar tanto como pueden sus bienes particulares, unas pocas personas se reparten entre ellas todas las riquezas y no puede haber abundancia general, pues los demás quedan en la pobreza. Y sucede a menudo que los pobres son más dignos de ellas que los ricos, porque los ricos son avariciosos, taimados e inútiles y los pobres humildes y sencillos, y su trabajo de cada día es más provechoso para la república que para ellos. Por eso me persuado de que no es posible hacer una distribución igual y justa de las cosas, que nunca podrá haber esa felicidad perfecta entre los hombres a menos que se prohíba esa modalidad de propiedad. En tanto continúe, la mayoría de los hombres tendrán que llevar a cuestas la pesada e inevitable carga de la pobreza. Concedo que se puede mitigar un poco esta miseria, pero niego completamente que sea posible suprimirla del todo. Si se hiciese una ley que dijera que ninguno puede poseer más de una determinada medida de tierra o una determinada cantidad de dinero; si se decretara que el rey no ha de ser demasiado poderoso ni el pueblo demasiado rico; que no se deben conseguir los empleos sobornando con dádivas a quien puede darlos; que los empleos no se deben comprar ni vender; que no haya que dar dinero para lograr tales oficios, para no dar ocasión a quienes los ejercen de caer en la tentación de recobrar su dinero mediante el fraude y la rapiña, pues si hay soborno los empleos sólo se dan a los ricos, y no se escoge para desempeñarlos a hombres probos y sabios; si se hiciesen esas leyes, digo, se mitigarían esos males como se alivian las dolencias de un enfermo que ha perdido toda esperanza de curarse con los remedios, los alimentos y los cuidados que le dan. Mas no se debe esperar que quede sano del todo mientras cada uno sea dueño de lo suyo. En tanto que procuréis curar una parte del cuerpo, otra se pondrá más enferma. Así la curación de una parte causa la enfermedad de la otra, pues nada se puede dar a un hombre si no es quitándoselo a otro.

Thomas More, Utopia, Libro I

"Estado de tranquilidad para inversores"

“Independientemente de la prórroga o no de la alarma, el gobierno garantizará el servicio aéreo en navidad y todos los días del año.” -José Blanco, ministro de Fomento-

Antes de renovar el estado de alarma propongo al gobierno que cambie su nombre: que a partir de ahora se llame “estado de tranquilidad”. Así se nos quita la inquietud a los que no acabamos de ver claro que se recurra a medidas de emergencia para resolver un problema laboral. Y total, como insisten en que lo han declarado precisamente para tranquilizar a los ciudadanos, no para alarmarnos, el cambio de nombre le vendría al pelo.

Sé que muchos han celebrado la medida, y en efecto se sienten más tranquilos a la hora de programar sus viajes sabiendo que han puesto firmes a los controladores. Pero me pregunto cómo lo perciben, si como alarma o como tranquilidad, otros que estos días están pendientes de lo que sucede en nuestros cielos: los posibles inversores a los que apunta la inminente privatización de los aeropuertos.

Si ustedes fueran inversores potentes y se estuvieran pensando entrar en el capital de AENA o hacerse con la concesión de Barajas o El Prat, ¿cómo verían lo sucedido? ¿Les alarmaría el estado de alarma? ¿O por el contrario lo que les alarmaba eran los elevados sueldos de los controladores y su comportamiento revoltoso? Y no sólo controladores: pilotos y personal de tierra que pensaban dar guerra contra la privatización en las próximas semanas, y que por ahora lo han dejado para mejor momento.

En enero de este año, en el Congreso, el ministro Blanco dijo que para poder privatizar los aeropuertos era “imprescindible” hacer antes una reforma de la navegación aérea, en el sentido de más eficiencia, más productividad laboral y menos costes. De lo contrario, los inversores no tendrían interés en comprar. Y miren por dónde, el conflicto actual puede dejar los aeropuertos como una balsa, con los controladores domados, sus costes rebajados y trabajando más horas, y el resto de trabajadores del sector con las barbas en remojo por lo que pueda pasar.

Lo que me lleva a una última pregunta: si la navegación aérea es algo tan crucial como para decretar un estado de alarma, ¿puede dejarse en manos privadas? Es una pregunta tonta, no hace falta que la respondan.

Isaac Rosa, Público, 14/12/2010

"Los controladores deberían cobrar más"

“Nadie hasta ahora se había atrevido a tocarlos. El Gobierno va a impedir que esto vuelva a pasar, y no le va a temblar la mano.” -Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente del Gobierno-

Ya está claro cuál es el juguete que va a arrasar en las próximas navidades: el controlador aéreo. Ni Bob Esponja ni Barbie; si yo fuera fabricante ya tendría a estas horas una colección de muñecos resistentes a golpes, pisotones, pellizcos y escupitajos para que ningún ciudadano se quede sin su controlador de goma sobre el que descargar su ira.

Se dice que los controladores cobran demasiado, pero no es cierto. Yo diría que están mal pagados para el servicio que prestan. Por si fuera poco controlar el tráfico aéreo –cosa que no es precisamente fácil-, además cumplen una función social insustituible y muy necesaria en tiempos revueltos: canalizar el descontento ciudadano.

Todos necesitamos alguien sobre quien volcar la rabia acumulada. Y como últimamente estamos muy cabreados, las autoridades se preocupan porque no nos falten dianas para nuestro enfado, no sea que cualquier día desviemos el tiro y acabemos dirigiendo esa rabia contra quien no debemos.

Y los controladores son ideales para ello: son pocos, nadie sabe bien a qué se dedican, tienen aspecto de elite –‘casta’, ‘aristocracia’, se dice de ellos-, ganan más que la mayoría, son endogámicos, soberbios e insolidarios con los demás, y tienen una capacidad de presión sobre su empresa que ya querríamos muchos. Es decir, admiten odio pero también envidia o resentimiento, pues les sienta como un guante la etiqueta despectiva que más éxito tiene en tiempo de paro y miseria: privilegiados. Se ha intentado con otros colectivos, pero con ninguno luce tanto. Sólo hay que ver la furia anticontroladores que muestran muchos que no sólo no fueron afectados en el puente, sino que en la vida cogen un avión.

Pero no es ésa la única función social que cumplen. Además, sirven al gobierno para hacer una exhibición de autoridad, de esa misma autoridad que no muestra con especuladores, banqueros, Marruecos o el embajador estadounidense. “Quien echa un pulso al Estado sabe que lo pierde”, presume mientras aplasta manu militari a unos controladores que, encerrados en su burbuja, no midieron su respuesta.

Visto así, hasta salen baratos.

Isaac Rosa para Público, 09/12/2010